La minera estadounidense Vulcan Materials anunció que utilizará "todas las vías legales disponibles" para defenderse de la expropiación de un puerto y una cantera en el sur de México, acción que calificó como una "nueva violación" de los tratados comerciales regionales. El gobierno de México, liderado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, declaró recientemente una extensa área entre Playa del Carmen y Tulum como zona natural protegida, lo que afecta directamente a las operaciones de Vulcan en el estado de Quintana Roo.
En un comunicado enviado a Reuters, la empresa expresó su postura frente a las acciones del gobierno mexicano: "Esta acción nos priva del uso de nuestra tierra y tenemos la intención de defendernos utilizando todas las vías legales disponibles". La compañía ya había enfrentado dificultades en 2022, cuando el gobierno ordenó suspender la operación de su mina, alegando daños medioambientales, acusaciones que Vulcan niega. En 2023, fuerzas de seguridad locales tomaron el control del puerto desde donde la empresa exportaba materiales a Estados Unidos.
López Obrador ha señalado que busca hacer que la clausura de las instalaciones de Vulcan sea definitiva antes de concluir su mandato el 1 de octubre. Este conflicto coincide con uno de los proyectos prioritarios de su gestión: el Tren Maya, una obra de infraestructura turística que ha sido criticada por organizaciones civiles debido a los posibles impactos ambientales en la península de Yucatán.
En mayo, el presidente negó que la clausura de Vulcan representara una expropiación, en respuesta a declaraciones del secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, quien criticó las acciones de México por su impacto negativo en la atracción de inversiones extranjeras.
Vulcan Materials considera que la expropiación de su puerto y tierras es "otra escalada más y una nueva violación de los compromisos de México en virtud de los acuerdos comerciales de América del Norte, incluido el TMEC", subrayando la importancia de los tratados internacionales en juego.